Tania Tamayo Grez - Caso Bombas

El operativo proseguía. Ni Carlos Riveros, ni Camilo Pérez, ni Pablo Morales opusieron resistencia en cada una de sus casas. Tampoco el antropólogo Francisco Solar en el antiguo inmueble que arrendaba en Valparaíso. Sí se molestaron sus compañeros de vivienda –uno de ellos arquitecto– a quien la Dipolcar le estropeó todas las maquetas que tenía en el lugar.

La Operación Salamandra había sido más que anunciada. Desde la Fiscalía se les estaba enviando un mensaje de texto a las radios y prensa escrita: “En este momento se están realizando los allanamientos”. Pero en la semana ya se les había dicho a los periodistas de confianza “en pocos días nos vamos a dejar caer”, como lo contó para este libro un reportero de la sección “nacional” de un matutino del Consorcio Periodístico de Chile S.A. (Copesa).

También lo sabían varios de los detenidos: se sentían identificados en decenas de artículos publicados principalmente en los diarios La Tercera , La Segunda y El Mercurio, que prácticamente describían a los sospechosos y que, en su mayoría, comenzaron a aparecer luego de que Alejandro Peña se adjudicara el Caso. Era la política Peña, ir dando señales de que había avances: “Revelan el violento perfil de las 10 mujeres sospechosas de atentados explosivos”, titulaba un artículo publicado el domingo 20 de junio en La Tercera. 2Y varios otros muy específicos en donde había descripciones como: “Parte de los recursos fueron enviados y depositados en Chile, en una cuenta bancaria perteneciente a un ex lautarista que estuvo preso en la Cárcel de Alta Seguridad”; “Otro de los sospechosos integra una banda de rock que da recitales en las llamadas ‘tertulias’ anarquistas”; 3o “La lista la integran también tres jóvenes que fueron detenidos en diciembre pasado”. 4Solo faltaban los nombres. En el ambiente de los persecutores, los sospechosos y la prensa, la Operación Salamandra era inminente.

En la casa okupa Sacco y Vanzetti, ubicada en calle Santo Domingo, en pleno Barrio Yungay, se encontraba Jorge Santander con su hijo de un año, una pareja de amigos y el estudiante de Historia Felipe Guerra, quien dormía en su habitación del tercer piso y que despertó con el sonido de los autos de la policía que, usando una cadena, descerrajaban la ventana. La puerta hacía meses había sido reforzada porque en el allanamiento anterior les habían destruido gran parte del inmobiliario, y la policía se había llevado computadores, bicicletas, radios y libros que nunca fueron devueltos. Guerra gritó desde la arriba: “¡Hay una guagua en la casa!”, ante lo cual le dispararon un balín en la cabeza que lo dejó inconsciente por unos minutos. Los detectives del ERTA, equipo táctico de la PDI, subieron a su cuarto y lo redujeron esposándolo con cadenas de plástico sin mostrar orden de detención; todo esto mientras se escuchaba pasar el helicóptero con Alejandro Peña a bordo.

En el cuarto, un detective le dijo: “¿Viste que no es tan terrible? No estás llorando como la otra vez” (refiriéndose a un allanamiento del 11 de diciembre de 2009). 5“Es que no tiraron gas como la otra vez”, le respondió el joven. Ante esto, el policía sacó un spray con el que le arrojó gas pimienta en la cara.

En la calle, Guerra clamaría a los medios: “La asociación ilícita está solo en la mente del fiscal Peña”.

Luego de las detenciones de los catorce sospechosos, en donde varios de ellos reconocieron a los mismos funcionarios que los habían seguido por largo tiempo, Guerra, Hermosilla, Riveros y Pérez fueron llevados a la BIPE. En un momento fueron dejados inexplicablemente solos en medio de la calle cuando, yendo a constatar lesiones, los efectivos de la PDI se dieron cuenta de que se les había quedado “algo” en el edificio de la Institución y se devolvieron a buscarlo, sin reparar en una posible fuga de los recién detenidos.

Mientras tanto, Morales, Caballero, Aguilera, Urzúa y Candelaria Cortés-Monroy eran llevados a la 33ª Comisaría, que albergaba a decenas de periodistas en sus pasillos interiores, incluso cerca del baño de mujeres, tratando de obtener alguna imagen para el noticiario vespertino. Rodolfo Retamales era el único que se encontraba descalzo al interior de una celda.

A las dos de la tarde, los arrestados en esa jornada ya se encontraban en Tribunales para el control de detención. El aire estaba enrarecido, los gendarmes afirmaban fuerte sus escudos. La jueza Lidia Uribe, del Décimo Juzgado de Garantía de Santiago, permitió la entrada a todos los medios de prensa, pero solo a un pariente por cada inculpado, lo que generó varios incidentes en las afueras. A los familiares que estaban en la sala les extrañó que la magistrada no escuchara a la Defensa y sí aceptara otorgar Ampliación de la detención hasta el martes 17, solicitada por la Fiscalía porque necesitaba revisar más antecedentes. Tampoco entendieron que no escuchara la queja de Felipe Guerra, quien decía haber sido maltratado por los detectives, mientras trataba de contener la sangre que emanaba de su frente y nariz.

“Quiero brindar un reconocimiento a las policías y al fiscal Peña, y a todo el Ministerio Público (…). Es por esto que este Gobierno, en el contexto de su compromiso por darle a los chilenos la oportunidad de vivir en una sociedad donde la libertad puede ser ejercida, porque la libertad, sin seguridad, no es libertad”, sostuvo ese día el ministro Hinzpeter desde La Moneda. El idilio entre Palacio y la Regional Sur, especialmente con el fiscal Peña, venía desde hace meses, pero ahora estaba en su apogeo.

Los ribetes mediáticos que alcanzaría el caso eran insospechados. Tres días después de la detención, el martes 17, nuevamente los canales de televisión con sus móviles estaban apostados afuera de los Juzgados para seguir todos los detalles de la Audiencia de Formalización. Los medios hicieron despachos en directo varias veces al día, mientras más de 100 efectivos de Carabineros se desparramaron custodiando el sector de Tribunales hasta la estación de metro Rondizzoni. Una jornada maratónica en donde se mostraron fotos del cuerpo descuartizado de Mauricio Morales, el anarquista que había muerto trasladando una bomba cerca de Avenida Matta. 6También se exhibieron organigramas de la supuesta Asociación Ilícita, con las fotos de quienes la Fiscalía acusaba como sus cabecillas: Pablo Morales y Rodolfo Retamales; y un sinfín de imágenes registradas de los seguimientos.

Se expusieron diecisiete videos y decenas de audios de las escuchas telefónicas. Algunas que podían generar sospechas y otras tan comunes que hicieron que los inculpados se miraran y rieran. Algunos no habían dormido nada, pero al escuchar las grabaciones que los involucraban, con frases como: “Anda a comprarle la comida al gato” (que fue interpretada por los fiscales como un mensaje oculto), o la de un joven en estado de ebriedad alertando a Rodolfo Retamales que había un “paco de civil” en uno de los carretes, despertaban de su aletargamiento para volver a reír sarcásticamente.

La sala estaba repleta. Los fotógrafos trataban de capturar cualquier movimiento de los detenidos. El Fiscal Regional se movía con convicción, gesticulando. Hablaba paradójicamente de una organización anarquista… pero al mismo tiempo jerárquica y democrática, “poco convencional”. Más risas entre los sospechosos. No pertenecían a los grupos con los que Peña estaba acostumbrado a tratar. No había en el estrado delincuentes comunes, organizaciones criminales o traficantes. La mayoría, aunque con atuendos informales, eran profesionales o estudiantes universitarios a punto de egresar.

Esta vez sus argumentos eran escuchados con astucia por parte de quienes demostraban un nivel cultural más alto, y que cuando fueron consultados si entendían los cargos por los cuales se les estaba formalizando, dijeron –irónicamente– no entender: “¿Qué parte no entendió?”. “No entiendo lo que es asociación ilícita, no entiendo lo que es liderazgo, no entiendo nada de lo que dice”, aseguró uno. “No entiendo nada, desde que abrí mis ojos el sábado a las siete de la mañana y tenía una pistola en la cabeza”, afirmó otro.