Thelmy María del Carmen Mendoza Michilot - Proceso electoral 2016

De las campañas electorales se ha dicho que son “la puesta en escena de la elección en la democracia”, pero también “el momento de la mentira” (Castells, 2010, pp. 299, 304). En un caso o en otro, como escribió Zygmunt Bauman (2001), en estas coyunturas se debe “elegir entre” las opciones disponibles (la agenda de opciones), con base en ciertas reglas “que le indican al individuo por qué debe preferir una opción por encima de otras” y cuándo “su elección ha sido acertada o desacertada” (p. 81) (código de elección). Tales limitaciones determinan la libertad de elección individual de cada persona.

En principio, se debe coincidir con Manuel Castells en que los electores toman como base, principalmente, la información que reciben procesada por los medios de comunicación (2010).

Más allá de la perspectiva discursiva, el papel de “representación” que ejercen los medios de comunicación en cada sociedad se ha comparado con el que cumplen los políticos, con la diferencia de que los periodistas no son electos por el voto popular. Sin embargo, las organizaciones de la comunicación pueden aportar a la democracia y a los consensos desde una perspectiva de largo plazo, mientras compiten con quienes se mueven en el “mundo del corto plazo y del conflicto subjetivo-partidario” (Annunziata, 2016, p. 81).

Conforme a esta visión, los medios pueden amplificar el quehacer de otras organizaciones de la sociedad civil respecto a la creación y la difusión de sus autoconvocatorias, hoy más que antes a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Pueden “deslocalizar” los nuevos movimientos sociales y sobre todo cumplir tareas inherentes a los representantes: pueden ser autorizados y reconocidos por la sociedad, y contribuir a la accountability o rendición de cuentas (Annunziata, 2016).

En época electoral, la función mediadora es indiscutible —o debería serlo— si, como señala Pierre Rosanvallón, la vida en democracia es sinónimo de foro abierto en el que se discuten públicamente los grandes temas o las controversias cuando estas estallan, por lo general, de manera sorpresiva. En dichas circunstancias, el papel de la prensa se magnifica y revalora porque “existen múltiples arenas dispersas en las diferentes instituciones y en los diferentes lugares de la vida social, de las que los medios de comunicación se hacen eco; ellos mismos desempeñan así un papel específico de filtros o aceleradores” (Rosanvallón, 2009, p. 197).

En el proceso del 2016, la prensa local cumplió una activa labor que se tradujo en amplias coberturas desde diciembre del 2015 hasta junio del 2016, intensas sobre todo en los meses de marzo, abril y mayo, antes de la primera y la segunda vueltas electorales, del 10 de abril y del 5 de junio, respectivamente.

En esos seis meses, podría decirse que la presencia y la ausencia de los candidatos al sillón preferencial estuvieron asociadas a la exposición, positiva o negativa, que tuvieron en los medios de comunicación. Allí se puede identificar a los políticos que se mantuvieron constantes en las portadas y los titulares durante la campaña; a aquellos que cobraron notoriedad poco a poco, al ritmo que subían en las encuestas; a los que renunciaron antes de la primera vuelta y que reclamaron amargamente al retirarse no haber existido para la prensa. En este último caso, vale la pena reflexionar acerca de si todos fueron ignorados o escasamente consultados, si sus propuestas y su ubicación en las encuestas los hizo poco atractivos para los votantes y también para los medios.

Rosanvallón sostiene que, en épocas no electorales, los medios principalmente audiovisuales suman a la denominada política de la presencia del gobernante, a la visibilización de los políticos e incluso de los impopulares congresos. Ello tal vez explique la centralidad de la televisión, que sigue ostentando el primer lugar en las preferencias del público a la hora de informarse. Una explicación más profunda es que esta función de “mostrar” o “poder empático responde de esa manera a la crisis de la representación, al orientarse a devolverle legibilidad y visibilidad a una política moderna que se había escabullido a los sentidos” (Rosanvallón, 2009, p. 274).

En la campaña 2016 sucedió algo muy similar. Los medios dieron a conocer lo que dijeron o no dijeron, hicieron o no hicieron los candidatos, pero sobre todo buscaron “mostrarlos”, repitiéndose una práctica que, en realidad, se ha convertido en una norma en las elecciones peruanas.

Los políticos más mencionados no fueron los que llegaron a la recta final necesariamente. Pero junto a sus portavoces interiorizaron y sintonizaron con esta forma de mediación sin ruborizarse, como rindiendo culto a la ansiada “visibilización”. Parte de tener notoriedad implicó que las principales agrupaciones de la contienda —como el Partido Nacionalista Peruano; el Partido Aprista (APRA) y su socio en esta campaña, el Partido Popular Cristiano (PPC); Fuerza Popular (FP); Perú Posible y Acción Popular— no dudaran en ventilar públicamente todo, incluyendo las crisis internas que arrastran en la mayoría de los casos por décadas o que han surgido en el contexto de un país donde, según Julio Cotler, no ha existido históricamente un sistema de partidos. Lo que existe es una gran fragmentación de pequeños segmentos que se unen esporádicamente bajo determinados intereses. “Un sistema [de partidos] es cuando hay una colaboración de las diferentes partes, pero compiten”, es decir, fuerzas que dialogan sobre la base de una plataforma común, una articulación de intereses sociales, puntualiza Cotler (2016a).

Parafraseando a Bauman (2017), además de la exposición de las diferentes opciones políticas que acudieron a la contienda, los medios pusieron en evidencia otra crisis: la de las reglas y los códigos que deberían haber normado la elección. Los analistas y expertos coincidieron en que la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), antes Ley de Partidos, no debió haberse aprobado en el Congreso de la República ni ser aplicada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) bajo interpretaciones que, fuera del resultado de los comicios y de las infracciones que se perpetraron, implicaron la adopción de “decisiones injustas y desproporcionadas” (“Creo que los”, 2016, p. 8).

Un acuerdo tácito entre gobernantes y gobernados fue que una nueva LOP requería, una vez culminado el proceso electoral, entrar a una reforma que alcanzase a todo el sistema; una meta largamente postergada en el país, sobre todo por la desidia de quienes han tenido en sus manos la posibilidad de legislar. Hoy, el país aún no ha sido gratificado con la reforma electoral que merece.

El Congreso actuó como juez y parte en este terreno. Los líderes de los partidos de mayor trayectoria política representados en el Parlamento 2011-2016 se mostraron a favor de aplicar —a última hora— reformas a la LOP, incluso cuando el proceso electoral ya se había iniciado. Un parlamentario que cambió de tienda política, cuya candidata perdió las elecciones, dijo: “El Perú es un país con predictibilidad jurídica donde las reglas ya están establecidas” (“Polémica por”, 2016, p. 5). Craso error.

En el primer capítulo de este libro, se presenta ese contexto y se identifica a los actores del espectro político durante la consulta 2016. Con base en información documental proporcionada por la dirección del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), dependencia del JNE, se hace una aproximación a la situación de los partidos según sus afiliados y adherentes. Se explican los alcances de la legislación electoral vigente, que, a través de un “baile” de resoluciones del JNE, determinó la cancelación de inscripciones y la aplicación de sanciones por la entrega de dádivas a cambio de adherencias. Se pasa revista a las nuevas normas relacionadas con la valla que los organismos electorales decidieron no aplicar y que permitieron que un grupo de partidos no perdiera la inscripción.