Juan Pedro Cavero Coll - El pueblo judío en la historia

Entretanto las difíciles condiciones de vida de los campamentos de refugiados palestinos en los territorios ocupados por Israel ―que tampoco los grandes capitales árabes se esforzaron demasiado por mejorar―, el crecimiento de asentamientos judíos en fronteras no reconocidas por nadie y la necesidad del petróleo árabe para el desarrollo económico condujeron a un casi total aislamiento internacional de Israel. Este, empeñado en usar todos los medios a su alcance para subsistir, siguió recurriendo en ocasiones a la expansión territorial para reforzar su seguridad, práctica que también comenzaron a cuestionar muchos judíos de la diáspora.

Para eliminar la infraestructura de la OLP, suprimir esa amenaza cerca de sus fronteras y responder al intento de secuestro de su embajador en Gran Bretaña por el grupo terrorista dirigido por el palestino Abú Nidal, en 1982 el gobierno de Israel ordenó a su ejército invadir el Líbano. Durante más de dos meses Beirut fue asediada y las falanges libanesas aliadas de Israel asesinaron a cientos de civiles palestinos en los campos de refugiados de Shatila y Sabra. El gobierno israelí trató de justificar ante su opinión pública la invasión denominándola «Operación Paz para la Galilea», porque así lo consideraba. Por eso, a pesar de la petición de la ONU para que se retirara [Resolución 509 (1982)], el ejército israelí permaneció en Líbano como fuerza invasora hasta 1985, año en que emprendió su repliegue.

De todos modos, en la zona libanesa fronteriza con Israel se instaló el llamado «Ejército del Líbano meridional», aliado del estado judío y asesorado por fuerzas de defensa de Israel asentadas en el territorio. Dicho espacio libanés fue considerado «zona de seguridad» por Israel que, en repetidas ocasiones, ha asegurado que no tiene el menor interés en apropiarse de territorios o recursos libaneses, sino que solo quiere garantizar la seguridad en su frontera septentrional. A pesar de ello, las reiteradas provocaciones del grupo islámico radical Hizbulá condujeron en 1993 y en 1996 («Operación Uvas de la ira») a sucesivos ataques del ejército israelí y a una situación de alerta permanente. Por fin, entre el 17 de abril y el 2 de mayo de 2000 el ejército israelí se retiró tras la línea territorial determinada por Naciones Unidas.

Nuevamente en 2006 el ejército israelí repelió con dureza los ataques perpetrados por Hizbulá desde el Líbano. Las hostilidades de la llamada «Segunda Guerra del Líbano» o «Guerra de julio» comenzaron el 12 de ese mes, cuando miembros de Hizbulá mataron a varios soldados israelíes y secuestraron a otros en la frontera israelo-libanesa. Desde entonces el ejército israelí contraatacó con fuerza y, a su vez, Hizbulá lanzó más de 4.000 misiles contra blancos civiles israelíes, provocando 44 muertos y cuantiosos daños económicos.

Las muertes de civiles y militares del conflicto en el Líbano cesaron por fin tras adoptarse el 11 de agosto de 2006 la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y entrar en vigor tres días después. La resolución pidió a ambas partes el cese de las hostilidades, exigió a Hizbulá la liberación de los soldados secuestrados, resaltó la importancia de que el gobierno libanés controlara todo su territorio y le instó a desplegar sus fuerzas conjuntamente con la UNIFIL (Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano). A su vez, la Resolución 1701 solicitó negar la venta de armas al Líbano ―excepto con autorización del propio gobierno libanés― y pidió a Israel la entrega de los mapas de minas terrestres en el Líbano que estuvieran en su posesión.

Desde el cese de las hostilidades en 2006 hasta 2013 Hizbulá mantiene su rechazo a Israel y, según numerosos informes internacionales, ha logrado rearmarse lo suficiente como para convertirse de nuevo en un factor de preocupación para el gobierno israelí. Además, la precaria situación política de Siria e Irán, países tradicionalmente soportes de Hizbulá, puede contribuir a desestabilizar un movimiento ya de por sí radical y aumentar las tensiones en la frontera israelo-libanesa.

Años antes, en diciembre de 1987, las difíciles condiciones de vida en los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza habían provocado el comienzo de una insurrección popular palestina que se prolongó hasta 1993. La sublevación, que recibió el nombre de Intifada (Levantamiento) y cristalizó en huelgas, protestas, resistencia a pagar impuestos y otras formas de rebeldía contó con el apoyo masivo de la población. Utilizando piedras como armas arrojadizas y aprovechando cualquier oportunidad, los jóvenes palestinos se lanzaron al ataque de las tropas israelíes de ocupación.

Según el profesor francés Gilles Kepel, especialista en el mundo musulmán, la primera característica de la Intifada fue precisamente «la emergencia de la juventud como figura política autónoma, [...] que ninguno de los dirigentes palestinos de cualquier tendencia supo prever». A falta de ejército regular, las piedras fueron los medios para rechazar la ocupación militar de una potencia extranjera y los asentamientos israelíes en sus tierras. La represión israelí produjo graves violaciones de los derechos humanos, contándose por centenares las víctimas palestinas y por decenas los muertos israelíes.

Las consecuencias de la primera Intifada fueron enormes. El sufrimiento palestino atrajo la compasión y simpatía de la opinión pública mundial, incluyendo la conmiseración de judíos del mundo entero, y la situación se hizo insostenible. La propia OLP, sorprendida por el levantamiento popular, trató de controlar la insurrección para evitar su radicalización por grupos integristas. Su deseo condujo a la celebración en Argel de una histórica reunión del Consejo Nacional Palestino (el parlamento en el exilio) que, en noviembre de 1988, hizo públicos dos documentos fundamentales.

En el primero expresó mediante un «Comunicado Político» su decisión de solucionar el problema palestino en el marco de la Carta Nacional Palestina y de las resoluciones de Naciones Unidas. Ello suponía de hecho, aunque no se especificara, aceptar por vez primera el derecho a existir de Israel y renunciar al terrorismo, condiciones exigidas por Estados Unidos para reconocer a la OLP. El «Comunicado» convirtió en caduca la Carta Nacional Palestina, hasta entonces en vigor. El segundo documento, una «Declaración de independencia del estado de Palestina», anunció la creación de dicho estado con capital en Jerusalén y en conformidad, entre otras, con la Resolución 181 (II) de la Asamblea General, de 1947.

Admitido de hecho por la OLP el derecho de Israel a existir, el estado judío se vio en la obligación de presentar un plan de paz. La organización dirigida por Arafat había demostrado que, al menos en teoría, podía compatibilizar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación con el del pueblo judío a la suya, así como con el derecho de Israel a su seguridad. La respuesta israelí se plasmó en el llamado «Plan Shamir» (mayo de 1989), que presentó una propuesta de paz basada en los Acuerdos de Camp David. Dicho plan reiteró el deseo israelí de terminar la guerra con los países árabes y expresó la necesidad de ayuda económica internacional para los Territorios Ocupados, a la vez que hizo un llamamiento a la solución del problema palestino, que sería negociada con representantes libremente elegidos por los habitantes palestinos de Cisjordania y Gaza.

En 1991 parecieron darse buenas condiciones para avanzar en la solución del conflicto. Varios países árabes habían participado en la coalición formada para liberar a Kuwait de la invasión de Iraq, que sí apoyó la OLP. La ruptura de la unidad árabe contribuyó sin embargo a la moderación de algunos de estos estados. Además, la desaparición del sistema de bloques ―que eliminó la obsesiva rivalidad soviético-americana― favoreció el clima adecuado para abordar con profundidad los problemas de Oriente Próximo. El lugar elegido para hacerlo fue Madrid, como indicaba la invitación dirigida a los participantes en la Conferencia: