Nelson Florez Vaquiro - Economía y trabajo en el sector agrícola

Economía y trabajo en el sector agrícola

Nelson Florez Vaquiro

Portada

Introducción

I. Economía y agricultura mexicana del siglo XXI

Estructura de producción y características del trabajo agrícola

Antecedentes del periodo de estudio

El contexto macroeconómico

Mercado de trabajo rural

Evolución de la pobreza en México

Competitividad de las unidades productivas agrícolas

II. Heterogeneidad y condiciones de trabajo en la agricultura mexicana

Evolución y características de los trabajadores agrícolas

Heterogeneidad en el empleo agrícola

Trabajo y condiciones laborales de los productores agrícolas

Trabajo y condiciones laborales de los trabajadores agrícolas

Distribución espacial de los sujetos agrícolas en el territorio mexicano

III. Condiciones de vida en los hogares agrícolas

Evolución del tipo de hogar

Estructura y composición de los hogares

Fuente de ingreso de los hogares

Factores sociales y económicos asociados a los hogares agrícolas

Conclusiones y recomendaciones

Referencias

Anexos

Agradecimientos

Notas

Créditos

Contraportada

En la primera década del siglo XXI, la agricultura mundial se ha caracterizado por la volatilidad en los precios de los cereales, lo que ha provocado vastas externalidades en el comercio internacional del resto de bienes agrícolas. Para el sector agrícola, los conflictos sociales, los factores políticos, el régimen de subsidios, las condiciones físicas y químicas de la tierra cultivable, las enfermedades y plagas en los cultivos, la infraestructura, la tecnología, la mano de obra, el tipo de semillas cultivadas y, en especial, el clima —heladas, nevadas, sequías, el régimen de lluvias—, son determinantes para la dinámica de los eslabones de la producción.

Esos factores también impactan en la movilidad de los precios internacionales. Si en los países que son grandes productores tiene lugar un clima adverso, esto influye en el nivel y calidad de la producción, contribuye a la escasez y al alza de los precios internacionales. Un fenómeno de este tipo conlleva inseguridad alimentaria a los países con déficit en la producción de alimentos o que viven en un contexto de conflicto civil. En tanto que una sobreproducción y su consecuente exceso de oferta tienden a ocasionar una caída de los precios.

Por otro lado, en las dos décadas más recientes, el sistema económico mundial ha hecho fuertes inversiones para diversificar la producción de energía, en aras de disminuir la fuerte dependencia respecto del petróleo; es así como los bienes agrícolas han cobrado importancia no solo para la alimentación humana en las próximas décadas —según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la población mundial pasará de los actuales 6800 millones de personas a 9100 millones en 2050, un tercio más de personas que demandarán alimentación—, sino también como proveedores para la producción de biocombustibles y la alimentación de animales destinados a la producción cárnica —la producción actual de carne suma más de doscientos millones de toneladas, y se estima que para 2050 puede alcanzar una demanda de 470 millones de toneladas—. Todos estos factores influyen en la fijación de los precios y han generado enormes retos a los gobiernos nacionales para que en las próximas décadas promuevan políticas de agricultura sostenible, en búsqueda del crecimiento e inclusión en el sector, y permitan a la vez la reducción del hambre, de la pobreza y de las desigualdades sociales concentradas en las zonas rurales de los hogares de productores y trabajadores agropecuarios.

Dentro de esos retos se encuentran: la disminución de la dependencia alimentaria; el incremento de la frontera, producción y productividad agropecuarias; el uso eficiente del agua para el cultivo; la mayor investigación en los efectos del uso de semillas transgénicas o mejoradas, y la preservación de la diversidad biológica y genética de las semillas autóctonas; el otorgamiento de subsidios y transferencias agrícolas; la mayor protección o apertura del sector que derive en mejores ingresos y salarios para los productores y trabajadores agrícolas; las inversiones en la red de infraestructura de las zonas, unidades productivas y viviendas rurales; la definición del destino y cuotas de la producción agrícola para la alimentación humana, generación de biocombustibles, y consumo animal; y la investigación e innovación en todas las etapas del proceso productivo de la agroindustria, que estimule la productividad y generación de valor.

En las últimas dos décadas del siglo XX, México se caracterizó por grandes cambios económicos, políticos y sociales. Tales circunstancias hicieron imprescindibles diversas reformas estructurales que se dirigieron hacia objetivos como el proceso de modernización del Estado, la desregulación de las reglas administrativas que —se argumentaba— obstaculizaban el funcionamiento del mercado, la focalización de los subsidios a la demanda, las privatizaciones de las empresas industriales y comerciales del Estado, la descentralización, la apertura económica, la vinculación al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 1986, y la firma de acuerdos económicos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, entre otras medidas. Se buscaba adecuar el país a las nuevas exigencias del sistema económico internacional, que promovía, entre otras cosas, la reducción de la intervención del Estado, y permitir el predominio de las fuerzas del mercado.

En esta situación, diversos autores han señalado que la apertura comercial, el tipo de cambio y los precios de los bienes e insumos han impactado fuertemente la economía y, en especial, la actividad agrícola del país, pese a los programas específicos creados para estimularla.

Una de las consecuencias del conjunto de las trasformaciones emprendidas fue la profundización de la heterogeneidad del sector agropecuario como un rasgo estructural del mercado laboral mexicano. Al respecto, Lara (1998) sostiene que la apertura comercial de finales de los ochenta y la firma del TLCAN, agudizaron la polarización económica, regional y social en el campo.

La parte del sector empresarial que había sustentado su rentabilidad en una serie de apoyos y subsidios otorgados por el Estado (riego, infraestructura carretera, insumos subsidiados, excepción de impuestos, precios de garantía, etc.) entró en un proceso de reajuste, y, dadas las nuevas condiciones de competitividad del mercado mundial, muchas empresas tuvieron que abandonar sus operaciones, mientras que otras buscaron reestructurarse.

En este contexto, es necesario resaltar la importancia de realizar investigaciones en las que se identifiquen las características de la estructura productiva y ocupacional del sector agrícola en los años recientes. Así, el fin de este trabajo es diseñar un estudio que nos permita conocer la estructura y condiciones laborales de los trabajadores agrícolas, además de analizar las fuentes de ingresos de las unidades familiares agrícolas, y resaltar las diferencias fundamentales que puedan existir en el nivel estatal del país. Así, el objetivo central de este trabajo es conocer las características de la economía y las condiciones laborales y de vida de los trabajadores del sector agrícola.

Es así que, según la forma en que se organiza el proceso productivo, nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las principales características económicas del sector agrícola mexicano a inicios del siglo XXI? ¿Existe una regionalización de la estructura de producción, y cuáles son sus características en el ámbito de los estados? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de los productores y trabajadores agrícolas en México a finales del siglo XX y la primera década del siglo XXI? ¿Existe una diversidad entre la composición y las principales fuentes de ingresos de los hogares agrícolas en México?