René Cortázar - El gran desafío - La nueva constitución

Con 15 partidos sin coordinación y enfrentados entre sí, no es posible la gobernabilidad10 11 12.Para reformar el sistema político y generar uno menos fragmentado y más responsable, se requiere de un cambio importante en el sistema electoral13 y en el sistema de partidos14; ¡sin estos cambios no hay salida!

Existen muchas experiencias de las cuales sacar lecciones: Alemania, Nueva Zelandia, Japón, Corea, entre otras. Todos estos países le dan a cada elector dos votos. Con el primero se elige un solo diputado por distrito (en esto tienen el mismo sistema que Estados Unidos, el Reino Unido y Francia). Con ello dejarían de tener representantes en el Congreso los partidos de menor tamaño que no se quieran aliar con otros y desaparecería la bancada del 1%15, ya que para ser elegidos tendrían que tener cerca del 50% de las preferencias. Y el segundo voto se reserva para evitar la sobrerrepresentación de las mayorías, con listas proporcionales a nivel nacional16. Existen muchas alternativas para obtener el resultado que necesitamos (IDEA, 2005).

Estoy convencido que la instancia más apropiada para hacer estos cambios es la Convención Constitucional, como parte de un acuerdo más amplio que tendría diversos ingredientes, dado que buscará responder al malestar, incertidumbre y temor de muchos sectores de la sociedad. La Convención Constitucional tendría varias ventajas: a) no participan los parlamentarios directamente afectados; b) los cambios son por el quórum de dos tercios; c) estos cambios se pueden negociar como parte de un acuerdo más amplio.

Pero hay que ser claros. La Convención Constitucional ofrece esta oportunidad pero también tiene muchos riesgos. El más obvio es deteriorar aún más las reglas del juego, que son claves para la buena convivencia y la buena política, así como para incentivar la inversión y el desarrollo. Vivimos en un mundo globalizado, con capitales nacionales y extranjeros que van y vienen, según la calidad de las reglas del juego de los distintos países; un mundo en que nadie está obligado a invertir en Chile.

Para reconocer esta posibilidad de deterioro hay que recordar que partimos de una hoja en blanco. Para escribir una norma cualquiera en ella se requiere de dos tercios de los votos. El anverso de esta afirmación es que para que la hoja siga en blanco basta con un tercio de los votos de la Convención. En este segundo caso, el tema del que se trate (por ejemplo la protección del derecho de propiedad, la autonomía del Banco Central, la iniciativa exclusiva del gobierno en ciertas materias o el Tribunal Constitucional) quedaría relegado a ser definido como materia de ley por simple mayoría en el Congreso, perdiendo la protección del quórum constitucional.

Un caso que vale la pena destacar es el de la autonomía del Banco Central. Chile fue, durante más un siglo, el país con la mayor inflación de América Latina. La inflación es un impuesto directo que afecta el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones y se transformó, por muchas décadas, en una variable clave que influía sobre el respaldo político a los gobiernos. Hay que recordar que en 1990 la inflación superaba el 27%. Hoy, en parte gracias a un Banco Central autónomo, la tasa de inflación fluctúa entre 2% y 3% al año. Dada nuestra historia, parecen sorprendentes las propuestas para restarle independencia.

¿Habrá sectores que busquen evitar que las reglas del juego mencionadas tengan la protección que viene de estar en la Constitución? Según las declaraciones que conocemos, ciertamente hay quienes lo van a intentar17.

Otro riesgo que no hay que subestimar es que después de haber prometido lo imposible, el proceso termine en una gran decepción. Entre quienes votaron a favor de la Convención Constitucional, un 48% lo hizo “para terminar con la desigualdad social en pensiones, educación y salud”; un 8% “para que mejoren los sueldos y la calidad de vida en general”; y un 8% “para cambiar el modelo neo-liberal” (CADEM, 2020). Para encauzar las expectativas de un modo más acorde con los posibles efectos de una reforma constitucional, se requiere de un mayor liderazgo de parte de los dirigentes políticos. La política democrática tiene dos polos: representar y liderar. En democracia la representación supone saber escuchar y tener cercanía con las personas y sus necesidades, de modo de tener eficacia en la capacidad de respuesta frente a los principales problemas que aquejan a la ciudadanía. Pero la política tiene también una función de liderazgo: mostrar los caminos posibles; no crear falsas expectativas; hablar con la verdad. Esta función de liderazgo se ha ido atrofiando en los últimos años. Sin embargo, resulta indispensable para una democracia de alta calidad, en particular para que la Convención Constitucional no termine en una gran decepción.

Por último, no debiéramos subestimar el impacto que podría tener sobre la deliberación de la Convención Constitucional el clima de violencia que persiste en el país. De hecho, muchos parlamentarios han sido objeto de amenazas durante los últimos años. El Partido Comunista, en el Informe Político de su Comité Central al XXVI Congreso Nacional, señaló la “necesidad de rodear […] el desarrollo de la Convención Constitucional” para influir sobre sus resultados (PC, 2020). Ello fue interpretado, por diversos dirigentes políticos, como una amenaza directa a los futuros constituyentes18. Por esta razón, un rasgo indispensable de los nuevos constituyentes es su capacidad de autonomía en un clima de presiones y violencia. Si son amenazados en las redes sociales, que en vez de cambiar su voto apaguen su celular.

Hemos puesto el énfasis en la necesidad de una reforma política, sin la cual no existiría gobernabilidad. Lo hacemos conscientes de que la gobernabilidad es un concepto frío e instrumental. Pero es a la vez una llave, una llave indispensable para lograr los objetivos que buscamos: que las personas, gracias a un retorno a un desarrollo acelerado y el surgimiento de más y mejores empleos y salarios, tengan las oportunidades a las que aspiran.

Una llave para lograr una protección creciente de los derechos sociales, como el derecho a la salud y la educación, que exigen más recursos para hospitales, médicos y remedios, así como para mejores profesores, equipamientos y tecnologías. Esos mayores recursos no estarán disponibles si no volvemos a una etapa de desarrollo acelerado, la cual sólo será posible con reglas del juego de mejor calidad.

Una llave para combatir el tráfico de drogas, incentivar la transparencia y enfrentar la corrupción, lo que inevitablemente traerá altas dosis de conflictividad, que sólo se pueden gestionar bajo condiciones igualmente altas de gobernabilidad.

Una llave para lograr un desarrollo sustentable, que cuide en forma adecuada nuestro medio ambiente. Una llave para asegurar los derechos e impedir la discriminación de las mujeres. Una llave para dar una inserción adecuada a los pueblos originarios, así como a la diversidad sexual.

Es sólo un instrumento, es verdad. Pero un instrumento indispensable, del que hoy carecemos.

El debate político y constitucional se ha dado en un escenario muy polarizado e ideologizado. En ese contexto se ha ido imponiendo un relato sobre las causas del malestar, a nuestro juicio equivocado, que se ha ido convirtiendo en un verdadero mito (El Gran Mito I). A este relato dominante nos referimos en el próximo capítulo.

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